¿Le llegó la hora de gobernar al nuevo municipalismo?

MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN: (necesidad y posibilidad)

 La propuesta de C.C. Veïns per Sant Feliu de Reformar la Organización y el Funcionamiento de nuestro Ayuntamiento, (sin entrar en análisis y hechos),  hay que situarla en la primera fase de los Ayuntamientos democráticos (1978). En condiciones muy precarias, las  fuerzas políticas y sociales  trabajaron y representaron las aspiraciones, necesidades y reivindicaciones ciudadanas desde la implicación del voluntariado social y  la acción  política de servicio a la causa  pública.

La institucionalidad de los partidos políticos, la escasez del voluntariado social y   la ausencia de participación y transparencia… ha ido produciendo paulatinamente un acomodo organizativo funcional  y burocrático en las administraciones públicas, muy perverso para  los intereses y derechos ciudadanos y de gran privilegio  para los partidos políticos que han  hecho crecer de forma   abusiva  los defectos de la gestión pública, entre otras muchas  variables, la de  los cargos de confianza y los  asesores políticos.    

Mal futuro cabe esperar a esta sociedad, si las administraciones no se transforman. Se  necesitan de cambios políticos  importantes y profundos si realmente se quieren servir adecuadamente al ciudadano. Pues cuanto mayor es la desconfianza en la administración mayor es, sin embargo, la demanda social de nuevas intervenciones públicas.

Los privilegios de los partidos políticos han hecho crecer abusivamente los cargos de confinaza, los de libre designación y los asesores políticos.

Existe la certeza de que la administración no funciona bien, lo cierto es que unas funcionan mejor que otras, por lo que resulta incorrecto generalizar y atribuir al sector publico  una incapacidad originaria. Reformar la administración es una necesidad, si de verdad existe voluntad y decisión política de cambios significativos:  La ciencia y el reconocimiento de lo que no funciona, la tecnificación de los medios operativos, la desburocratización de las formalidades, el impulso de las necesidades, la rapidez, la exigencia de  los ciudadanos…son factores muy determinantes de la necesidad de este cambio.

  La administración exige liderazgo político participativo,  los empleados públicos no determinan la política, lo cual sería una corrupción democrática. La definición de los objetivos políticos corresponde solo a los cargos elegidos en las elecciones y los objetivos definidos han de ser aceptados lealmente por los empleados públicos.

Si no hay una clara identificación de los problemas, definición y determinación  política, y, un preciso organigrama… La organización y los métodos, las nuevas técnicas presupuestarias, el sistema de clasificación de puestos de trabajo… tendrá interés en sí, pero no bastan por sí solas para hacer que la administración programe mejor sus objetivos, mantenga mejores relaciones con sus administrados y disponga de una dirección y un personal más motivado y responsable.

La Cultura Organizativa de la Administración  Pública.

Hay que hacer evolucionar la cultura organizativa de la administración.  Por eso ha de ser un esfuerzo sostenido que responda a una estrategia política bien establecida y en lo posible acordada desde la unidad de las fuerzas políticas. Las reformas si no responden  a una estrategia integral, corren el riesgo de sacudir e incomodar  a la organización, sin cambiar un ápice   su cultura.

La sumisión a la ley, al derecho y a la dirección política son valores de la civilización democrática irrenunciables. Pero no son suficientes, el ciudadano actual, ve el gasto muy poco rentable y no se conforma con que sea legal y acorde con el programa del gobierno elegido. Exige y exigirá cada vez más que el gasto sea eficiente, que el trabajo realizado tenga utilidad social o económica, que la acción administrativa sea eficaz y que pueda disponer  de la información, que haya transparencia y que pueda participar en la adopción de las decisiones. 

El ciudadano exige gasto eficiente, que tenga utilidad social o económica, transparencia y participar en las decisiones.

La democracia avanzada exige: racionalidad  legal pero no sometida solo a la ley sino constitutiva también de un verdadero sistema de gestión, es decir, con objetivos claramente establecido para cada Área, con asignación de recursos en función de objetivos y con control o evaluación de gestión. Solo la participación culmina el proceso de control de gestión y enerva las degradaciones tecnocráticas y corporativas del sistema gestor.

Reformar no es solo introducir nuevas técnicas de gestión, pues si estas no van acompañadas de cambios en los valores y en los comportamientos, no conseguirán alterar la cultura organizativa. La sociedad exige que la gestión municipal se haga a coste razonable (eficiencia) y que se haga lo realmente propuesto (eficacia)

Cambio de valores y actitudes.

Si no hay análisis de puestos de trabajo ni la organización sabe que trabajador necesita ni el trabajador sabe que espera de él la organización: si no hay clasificación no existe fundamento racional para la organización de cuerpos o categorías profesionales, si no hay valoración de puestos de trabajo no hay forma de objetivar la retribución, y si no existe un sistema de evaluación del rendimiento en el puesto de trabajo es imposible establecer un complemento de productividad que merezca ese nombre. Estas técnicas no constituyen por si solas una política de personal, pero son el soporte   obligado de toda la política de personal en las organizaciones modernas.

El análisis de los puestos de trabajo exigidos en cada una de las Áreas, departamentos, servicios o programas nos permite establecer el perfil  del empleado público necesario: conocimientos, aptitudes, habilidades y actitudes, e  ir renovando positiva  y progresivamente los procedimientos selectivos.

O avanzamos en la gestión gerencial o el bloqueo  económico y social está servido a corto plazo.

El merito y la capacidad no solo ha de tenerse en cuenta en las pruebas sino en relación a los puestos de trabajo a desempeñar. La libre designación sólo está justificada  para los cargos políticos para el personal eventual, para los demás hay que decantarse con el merito. La formación ha de estar orientada no solo a los conocimientos, sino a los valores, las habilidades y las aptitudes.

O el sector público avanza en capacidad gerencial, o el retroceso de la solidaridad  y el bloqueo del progreso económico y social están servidos a corto plazo. El pesimismo y la comodidad  deben ser superados por la voluntad política, el sentido común  y la acción responsable.
Marzo 2015.